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OPINIÓN

Jorge Vilanova, Director de Organización Funcional y director de Prestaciones de Asepeyo

La Ley 35/2014 régimen de las mutuas

Esta Ley se publica con un retraso de más de dos años y medio respecto al plazo de un año que estableció la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2011 para que el Gobierno abordara la reforma del marco normativo de aplicación a las mutuas.

El 29 de diciembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, entrando en vigor el 1 de enero de 2015, si bien hay varios aspectos que precisan desarrollo reglamentario.Esta Ley se publica con un retraso de más de dos años y medio respecto al plazo de un año que estableció la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2011 para que el Gobierno abordara la reforma del marco normativo de aplicación a las mutuas. 

Criterios y finalidades en la regulación de las mutuas

La disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2011 establecía que en la regulación de las mutuas se tenían que seguir los siguientes criterios y finalidades:

  • Garantizar su función de entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social.
  • Asegurar el carácter privado de las mutuas, como asociaciones de empresarios, protegiendo la libertad del empresario, con la participación de sus trabajadores en la elección de la mutua, y respetando su autonomía gestora y de gobierno, sin perjuicio del control y tutela por la Administración.
  • Articular su régimen económico promoviendo el equilibrio entre ingresos y costes de las prestaciones.
  • Establecer que los órganos directivos de las mutuas se compondrán de las empresas con mayor número de trabajadores mutualizados y de otras designadas paritariamente por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
  • Promover el debido desarrollo de la participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, de las asociaciones profesionales más representativas de los autónomos, de los sindicatos más representativos y de las comunidades autónomas, en sus órganos de supervisión y control.

Parece claro que no se han cumplido las expectativas y se ha producido un paso más con la publicación de la Ley 35/2014.Dentro de la regulación contenida en la Ley 35/2014 hay modificaciones que afectan internamente a la mutua, otras a las prestaciones, y aspectos que se han elevado de rango, pues anteriormente se regulaban en el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995; esos aspectos se han transcrito en la Ley.

Nueva regulación

De la nueva regulación que establece la Ley General de la Seguridad Social en relación a las Mutuas por la Ley 35/2014 destacaríamos:

  1. Cambio de nombre a Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
  2. Si bien se definen como asociaciones privadas de empresarios (art. 68.1), a su vez se establece que forman parte del sector público estatal de carácter administrativo (art. 68.7), sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.
  3. Se incluye en los órganos de gobierno y participación de las mutuas a un representante de los autónomos adheridos.
  4. Regula el régimen de responsabilidades, limitaciones, prohibiciones e incompatibilidades del director gerente y de los miembros de los órganos de dirección y participación de la mutua.
  5. Fin de la moratoria: se restablece la libertad del empresario y de los autónomos en la elección de la mutua, siendo la vigencia del documento de asociación (empresarios) o adhesión (autónomos) de 1 año.
  6. Sociedades de Prevención de las mutuas: obliga a la venta de estas sociedades con el límite máximo de 30 de junio de 2015.
  7. Se suprime la administración complementaria de la directa: no se podrá abonar por administración complementaria desde el 2015 a los colaboradores ni a las empresas de más de 250 trabajadores.
  8. En materia de prevención de riesgos:
    1. Dentro de las actividades de prevención, planificadas por el Ministerio (PGAP), quedan incluidas tanto para empresarios como autónomos:
      • Asistencia en el control y reducción de AT/EP.
      • Asesoramiento en la adaptación de puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de accidentados o con enfermedad profesional.
      • Actividades de I+D+I para la reducción de AT/EP.
    2. Establece un plazo de 1 año para que el Gobierno modifique el sistema de bonus para hacerlo más ágil y simple.
    3. Permite usar parte del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social para el bonus y a dispensar servicios para la prevención y control de las contingencias profesionales.
  9. Reservas.En las reservas, se modifica la reserva de estabilización de contingencias profesionales, reduciendo la cuantía máxima del 50% al 45%; en la reserva de estabilización de contingencias comunes se fija una cuantía mínima del 5%; y la reserva de estabilización de cese de actividad reduce la cuantía máxima del 80% al 25% de los resultados positivos.
  10. Prestación de cese de actividad (CATA).La Ley modifica el régimen jurídico del sistema de protección de los trabajadores autónomos frente al cese de actividad, regulado en la Ley 32/2010, para suavizar los requisitos y formalidades, así como ampliar su ámbito a beneficiarios excluidos del mismo.

Las modificaciones en la citada prestación se concretan en:

  • Pasa a ser voluntaria su cobertura.
  • La invitación al pago procederá siempre que no se esté al corriente (antes sólo era si se tenía ya cotizada la carencia mínima necesaria).
  • En la situación CATA de establecimiento abierto al público permite la transmisión a un tercero y los actos de disposición y disfrute si se es titular del establecimiento.
  • Se entiende que existen pérdidas económicas si son superiores al 10% (antes 30 ó 20%) de los ingresos obtenidos en el mismo periodo.
  • Se entiende que existen pérdidas en las ejecuciones de al menos el 30% (antes el 40%), incluyendo además de las judiciales las administrativas.
  • En la situación de CATA por la pérdida de la licencia administrativa, elimina la exclusión del reconocimiento cuando la pérdida es por incumplimientos contractuales e infracción administrativa.
  • Incluye el cese involuntario en el cargo de consejero o administrador de la sociedad si hay pérdidas en la sociedad o disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital social.
  • Incluye como situación CATA de los TRADE no registrados por las causas previstas para los TRADE.
  • Simplifica y determina la documentación a aportar para justificar la situación de cese de actividad.
  • La prestación se genera a partir del segundo mes del cese (antes primer mes).
  • Respecto a los autónomos del RE del Mar: no contabilizan los periodos de veda obligatoria para calcular los 12 meses anteriores ni la base reguladora. Tampoco se aplicarán los coeficientes reductores para calcular la base.  
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