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OPINIÓN

Alejandro Romero, Director de los Servicios de Prevención de MC Mutual

Actividad emprendedora y asunción de riesgos

Entre las cinco medidas destinadas a reducir las cargas administrativas que se citan en el capítulo primero del anteproyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización cabe destacar la que amplía los supuestos en que las pymes podrán asumir directamente la prevención de riesgos laborales, en los casos de empresarios con un único centro de trabajo y hasta 25 trabajadores.

El anteproyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que el pasado 28 de mayo se pasó a la revisión e informe del Consejo Económico y Social, contempla iniciar reformas favorables al crecimiento y reactivación económica en España, abordando los problemas estructurales del entorno empresarial y buscando fortalecer el tejido empresarial de forma duradera.

Entre las cinco medidas destinadas a reducir las cargas administrativas que se citan en el capítulo primero del anteproyecto cabe destacar la que amplía los supuestos en que las pymes podrán asumir directamente la prevención de riesgos laborales, en los casos de empresarios con un único centro de trabajo y hasta 25 trabajadores.

En concreto, se propone la modificación del artículo 30.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, quedando redactado del siguiente modo:

5. En las empresas de hasta diez trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere el artículo 6.1.e) de esta Ley. La misma posibilidad se reconoce al empresario que, cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo.

Es decir, que la posibilidad de “autogestión” que hasta ahora estaba reservada a los “microempresarios” que ocupaban hasta 10 trabajadores, podrá ampliarse a los que ocupen, en un mismo centro de trabajo, a un máximo de 25 personas.  Lógicamente, esta “autogestión” se deberá desarrollar de acuerdo con los requisitos establecidos en estos casos, como puede ser la adecuada formación del empresario y la presencia continua en el centro de trabajo.

Simplificación positiva

Según mi punto de vista, la simplificación, para este tipo de empresas, puede resultar positiva, ya que muy probablemente conducirá al pequeño empresario (aunque algunos pensemos que con 25 trabajadores en un centro de trabajo ésta deja de ser una pequeña empresa) a integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de su gestión. Indudablemente, dicho empresario deberá contar con la prestación externa de servicios para los cuales no puede ni debe estar preparado, como es el caso de la realización de mediciones puntuales de cualquier tipo (higiénicas, ergonómicas o psicosociales) o bien el ejercicio de la vigilancia de la salud.  

Asimismo, se propone añadir a la Ley 31/1995, una Disposición adicional con la siguiente redacción:

Disposición adicional decimoséptima. Asesoramiento técnico a las empresas de hasta veinticinco trabajadores.En cumplimiento del apartado 5 del artículo 5 y de los artículos 7 y 8 de esta Ley, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en colaboración con las comunidades autónomas, prestará un asesoramiento técnico específico en materia de seguridad y salud en el trabajo a las empresas de hasta veinticinco trabajadores.Esta actuación consistirá en el diseño y puesta en marcha de un  sistema dirigido a facilitar al empresario el asesoramiento necesario para la organización de sus actividades preventivas, impulsando el cumplimiento efectivo de las obligaciones preventivas de forma simplificada.

Independientemente de que deberíamos tener claro cuáles son las administraciones públicas competentes en materia laboral en cada comunidad autónoma, así como los sistemas que realmente faciliten al empresario un asesoramiento eficiente, (¿pasaremos de “Prevención 10” a “Prevención 25”?) creo que sería absurdo no aprovechar los recursos existentes en las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para colaborar en la prestación de un adecuado asesoramiento a los empresarios objeto de este anteproyecto de Ley, atendiendo a lo dispuesto en los diferentes programas de la reciente Resolución de 13 de mayo de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan General de actividades preventivas de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2013.

Seguro que los técnicos de prevención de las MATEPSS, con un correcto asesoramiento a los empresarios, podremos conseguir que se produzca, tal y como se cita en la exposición de motivos del anteproyecto de Ley, “un cambio de mentalidad en el que la sociedad valore más la actividad emprendedora y la asunción de riesgos”, pero que se lleve a cabo en su justa medida sobre todo cuando hablamos de los riesgos para la salud.  

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