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OPINIÓN

Iván Pareja , Técnico de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de USO

Prevención en tiempos de recortes

En la coyuntura económica actual, en las que las políticas de control del déficit están al orden del día, todos tenemos claro que vivimos tiempos de recortes por parte de la Administración y de la empresa privada. Recortes que, de un modo u otro, afectan y afectarán a la partida presupuestaria destinada a la prevención de riesgos laborales.

 Es por ello que desde la USO tenemos claro que, en esta especialmente complicada situación económica, los sindicatos tenemos la ardua labor de concienciar a todas las partes implicadas en materia de seguridad y salud laboral (Administración, Inspección, empresariado y trabajadores y trabajadoras) para conseguir que todos los riesgos sean tratados por igual, independientemente de cual sea su origen, además de exigir que sean utilizados todos los mecanismos que la legislación pone a nuestra disposición para que los trabajadores y trabajadoras disfruten de una buena salud en el trabajo y de mejores condiciones laborales. 

Con respecto a la Administración, queremos hacer especial hincapié en que se vele por una gestión adecuada, transparente y proporcional de los recursos humanos y económicos, facilitando el acceso a todas las organizaciones sindicales, de manera proporcional y equitativa para que, de esta manera, los recursos públicos lleguen al mayor número de trabajadores y trabajadoras posibles. Además, a la hora de conceder subvenciones, reivindicamos que sea la propia Administración la encargada de velar para que se cumplan los principios de transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación en todos y cada uno de los procesos adjudicatarios.

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Es por esto que la USO se propone llamar la atención a todas las instancias sobre la importancia de una visión global de la prevención de riesgos, es decir, que además de tener en cuenta la seguridad de nuestros puestos de trabajo le demos la consideración que se merece a aquellos aspectos que marca la Ley 31/1995 y que bajo nuestro punto de vista no se tiene demasiado en cuenta (colocando a los trabajadores y trabajadoras en situación de indefensión) como por ejemplo:

  • La formación en materia de prevención de riesgos por un lado, a los delegados de prevención como agentes indispensables nacidos del consenso de los trabajadores que tienen una capacidad de actuación y una responsabilidad a la hora de hacer cumplir tanto a empresarios como a trabajadores lo estipulado en la legislación vigente; y, por otro lado, a los trabajadores, para que conozcan a qué riesgos están expuestos con motivo de la realización de sus tareas profesionales y, a la vez, cuando se vean afectados por enfermedades derivadas del trabajo, lo identifiquen y actúen en consecuencia. 
  • Tratamiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es preciso favorecer o pulsar la sensibilidad de los médicos de atención primaria del sistema publico de salud con el fin de catalogar correctamente enfermedades o dolencias derivadas del trabajo para distinguirlas de una contingencia común y así poder activar mecanismos de prevención en el ámbito laboral y, a su vez, apelar al sentido de la responsabilidad de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional que, como entidades colaboradoras de la Seguridad Social a la hora de gestionar las bajas por contingencia profesional, tienen el deber de reconocer todas aquellas patologías derivadas de la actividad laboral.
  • Riesgos psicosociales. Es necesario tratar con la misma firmeza e importancia los llamados “riesgos silenciosos”, al igual que se hacen con los obvios de seguridad en trabajos tradicionalmente inseguros como la construcción. Así, de esta manera, hay que reducir los índices de siniestralidad de dichos riesgos, que emergen cada día con más fuerza, evitando las cada vez más elevadas bajas laborales y los consiguientes costes que ellas producen. Ese agravamiento de estos riesgos se produce porque, sumado a todo lo expuesto, hay que añadir el miedo por parte de la población trabajadora a perder su empleo, lo que implica la negativa a solicitar la baja aún estando enfermo o pedir el alta aún estando en proceso de curación, con unos efectos emocionales innegables.
  • Seguridad vial. Las estadísticas actuales indican que los accidentes “in itinere” suponen casi el 30% de los accidentes de trabajo mortales registrados durante el pasado año 2011. Así, apoyando iniciativas que se orienten a reducir la siniestralidad vial, lograremos que bajen considerablemente las cifras de siniestralidad laboral.

En este marco de crisis económica, de destrucción de empleo, de precariedad e inestabilidad laboral y de recortes sociales, desde la USO denunciamos la disminución en la inversión en medidas en prevención de riesgos. Queremos volver a constatar que siempre es mayor el gasto humano y económico de la no prevención y que los recortes económicos en materia de salud laboral solo pueden ser producto de una visión cortoplacista.   

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