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ART.TÉCNICO

¡Socorro! ¿Cumplo con la ley?

17/01/2020 - Por Grupo CTAIMA
Tres posibles soluciones a un mismo problema: la creación del departamento de legal compliance, la externalización y auditorías de terceros o contratar software para el cumplimiento de requisitos legales.

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales celebró el pasado mes de noviembre su 24 aniversario y el escenario de este cumpleaños es diametralmente distinto al de su nacimiento. Si hace un cuarto de siglo el enfoque era principalmente de reparación de los daños tras un siniestro, hoy en día se trabaja de forma generalizada por garantizar el bienestar integral del trabajador. 

Sin embargo, esto ha sido posible a que la evolución de la Ley 31/1995 en el régimen legislativo se materializó en un marco legal muy extenso, con numerosas disposiciones, reales decretos y normativa diferenciada. Todo ello también ha provocado que el cumplimiento de los requisitos legales sea en sí mismo una ocupación dentro de las empresas. 

Hace unos meses los técnicos y responsables de medio ambiente manifestaban su preocupación por la dificultad de las empresas a la hora de dar cumplimiento al enorme volumen legislativo en la materia. Y es que, si hace 20 años había 72 leyes al respecto, en la actualidad se cuentan más de 1.500 y todas ellas vigentes. 

En prevención de riesgos laborales la situación es muy similar. La normativa reguladora ha crecido considerablemente, al tiempo que las altas tasas de siniestralidad y del volumen de las sanciones impuestas por la Inspección. Esto ha provocado que, en muchas empresas y sectores de actividad, la prevención de riesgos laborales sea un reto en la gestión organizativa empresarial.

El coste de dar cumplimiento a estas normativas, bien sean de PRL, de medio ambiente o de otros ámbitos como la seguridad industrial o la calidad se ha visto incrementado en los últimos años. Y es que, en muchas ocasiones, estas normativas pueden interferir incluso en los procesos de producción. 

Pero lo cierto es que, no dar cumplimiento a determinadas normas puede suponer un coste aún mayor, no sólo para las propias empresas, si no para la propia cadena de mando. Y es que, en función de la infracción cometida, tanto los mandos intermedios como las empresas, en cuanto que personas jurídicas, pueden incurrir en responsabilidad criminal. Como consecuencia de ello, las empresas están teniendo que contemplar riesgos económicos, penales y también reputacionales que son mucho más difíciles de cuantificar, pero que pueden derrumbar empresas.

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