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ART.TÉCNICO

La seguridad en el vestuario laboral

12/11/2019 - Luis Gil, secretario general de ASEPAL
La ‘Ley de seguridad general de los productos’ (Real Decreto 1801/2003) establece que la primera obligación de todo aquel que quiera poner en el mercado, o comercializar cualquier tipo de producto –ya sea fabricante, importador o distribuidor– será la de comercializar únicamente productos seguros (teniendo en cuenta tanto el uso previsto como el uso que el usuario pudiera darle de forma razonablemente previsible).

En caso de que albergue la más mínima duda de aquello que está poniendo en el mercado –o comercializando– no es seguro, deberá tomar las medidas correctivas oportunas con el fin de evitar cualquier tipo de daño a un tercero, llegando a interrumpir la comercialización y avisar a las autoridades de vigilancia de mercado. En caso de que no sea el agente económico el que detecte estos EPI inseguros, serán las autoridades quienes actuarán sobre ellos, impidiendo su comercialización en base a lo que se establece en las disposiciones que se encargan de describir las condiciones para que el EPI sea seguro.

Dos modalidades de prendas

En el ámbito del vestuario laboral, lo más habitual es encontrarse con dos modalidades de prendas: el vestuario de protección laboral, cuya principal función es la de ofrecer protección al usuario frente a riesgos específicos que amenazan su salud y seguridad; y el vestuario corporativo o de uniformidad, sin mayores finalidades que no sean la de vestir al personal de un colectivo de forma uniforme. 

Para que estos productos sean seguros, el vestuario de protección deberá cumplir con lo que se le exige en el Reglamento (UE) 2016/425, por lo que el fabricante deberá someter a la prenda a una exhaustiva evaluación técnica, redactar la declaración de conformidad y folleto informativo correspondiente, y finalmente, colocar el marcado CE sobre la prenda. 

Por parte del vestuario corporativo o laboral, al no haber una disposición específica que regule las condiciones de seguridad del producto, deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 1801/2003. En el mundo del vestuario laboral es bastante habitual encontrarnos con dos tipos de problemáticas en las que la frontera entre el vestuario de protección y las prendas de imagen corporativa o uniformidad se desdibujan, dando lugar a situaciones en las que la seguridad del producto está en causa. 

El primer tipo de problemática tiene su origen en la colocación, por parte del fabricante del marcado CE en uniformidades que no han sido diseñadas, y por lo tanto no tienen la finalidad, de ofrecer ningún tipo de protección. En muchas ocasiones, estas prendas se ofrecen o son demandadas por los usuarios como prendas clasificadas dentro de la categoría I del Reglamento (UE) 2016/425. La colocación del marcado CE en una prenda suele ser interpretada por cualquier usuario como que el producto que tiene a disposición ofrece unas prestaciones que en realidad no tienen, llegándose incluso a entregar prendas de estas características con un folleto informativo en el que se alega que la prenda ofrece protección frente a una serie de riesgos. En estos casos, y cuando el fabricante no puede demostrar cómo la prenda, a la que se ha incorporado el marcado CE, protege frente a los riesgos que declara, el usuario corre el peligro de exponerse a dichos riesgos. En estos casos, estamos expuestos a un clarísimo ejemplo de un EPI inseguro, que las autoridades de vigilancia de mercado perseguirán implacablemente. Por ello, cuando las autoridades de vigilancia de mercado detectan una de estas prendas en sus labores de inspección, exigirán al fabricante que demuestre los hechos que sustentan la colocación del marcado CE, exigiendo la presentación de documentación técnica, declaración de conformidad, folleto informativo, etc. La cuestión adquiere una mayor magnitud de peligrosidad cuando este tipo de prendas. 

Por otro lado, hay otra variante en la que los conceptos de ropa de protección y de uniformidad se confunden o malinterpretan, dando lugar a un producto inseguro. La raíz de esta problemática está en el uso previsible que puede tener una uniformidad en el momento en el que a ésta se le dotan de ciertos elementos que pueden inducir a pensar al usuario que dentro de la finalidad de la prenda se encuentra la protección contra uno o más riesgos que amenazan su seguridad. Recordemos en este punto que el Real Decreto 1801/2003 establece que un fabricante o un distribuidor sólo puede poner en el mercado productos seguros, habida cuenta de los usos previstos o previsibles que puedan darse al producto. 

Accede al contenido completo en el siguiente enlace. 

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