El Consejo de Ministros ha dado luz verde en marzo de 2026 al proyecto de ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, una normativa que cambia las reglas del juego para millones de jóvenes que inician su trayectoria profesional en España. Esta regulación busca acabar con décadas de precariedad encubierta bajo la etiqueta de «becario», marcando una frontera clara entre la experiencia instructiva verdadera y el trabajo disfrazado de aprendizaje.
El final de un término desfasado
El primer cambio simbólico y jurídico que introduce esta ley es la desaparición del término «becario» del vocabulario laboral español. La normativa apuesta por denominar a estas personas como «personas en prácticas formativas no laborales», una modificación que va más allá de la semántica para actualizar una práctica que durante años ha amparado el trabajo no remunerado. Este cambio conceptual pretende reforzar que estamos ante estudiantes que amplían su formación académica en un entorno real de trabajo, no ante mano de obra barata para cubrir vacantes productivas.
Compensación económica y derechos laborales básicos
Una de las garantías más significativas que establece el estatuto es el derecho a la compensación de gastos. Las empresas estarán obligadas a cubrir los pagos relacionados con la práctica formativa, incluyendo transporte, manutención y alojamiento cuando sea necesario, siempre que no existan otras becas o ayudas públicas que cubran estos conceptos. Además, la normativa reconoce expresamente el derecho a descansos, días festivos y vacaciones proporcionales en las mismas condiciones que el resto de la plantilla, acabando con la discriminación en el acceso a servicios como comedores, zonas de descanso o aparcamientos.
Límites cuantitativos y calidad formativa
Para evitar que las prácticas se conviertan en una vía de externalización laboral, la ley marca restricciones claras: el número de personas en formación no podrá superar el veinte por ciento de la plantilla, aunque se garantiza un mínimo de dos puestos, incluso en las empresas más pequeñas. Respecto a la duración, las prácticas curriculares quedan limitadas al veinticinco por ciento de las horas de la titulación, mientras que las extracurriculares no podrán exceder el quince por ciento ni las cuatrocientas ochenta horas totales. Estos límites buscan asegurar que el estudiante dedique tiempo suficiente a su educación teórica y no termine sustituyendo a trabajadores con contrato.
Seguridad Social y tutorización de calidad
La protección social se refuerza con la obligatoriedad de alta en la Seguridad Social, una medida ya vigente desde 2024, pero que el estatuto consolida y amplía. Cada persona en prácticas contará además con una doble tutorización: un responsable en el centro educativo y otro en la empresa, este último con un máximo de cinco estudiantes a su cargo, o tres si la plantilla es inferior a treinta trabajadores. Esta supervisión persigue que las tareas asignadas respondan realmente al plan de formación individual y no a las necesidades productivas inmediatas de la compañía.
El Estatuto del Becario, pactado tras más de quince meses de negociación, tiene su origen en la reforma laboral de 2021. El texto, ahora en manos del Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, introduce también un régimen sancionador riguroso que puede alcanzar los doscientos veinticinco mil euros en casos de fraude laboral. Si todo transcurre según lo previsto, España contará finalmente con un marco que protege a casi dos millones de jóvenes que cada año buscan en las prácticas su primera experiencia profesional real.
Archivado en:
