El sector del amianto está cada vez más cotizado tanto por parte de la demanda de los particulares, los cuales cada día tienen una mayor concienciación del tema por los riesgos a la salud que pueden llegar a producir, principalmente cáncer, así como por parte de la oferta, donde cada vez es mayor el número de empresas que se encuentran con una barrera a la hora de querer quitar bajantes de amianto en antiguas comunidades de vecinos, o incluso tejados de uralita en casas de campo, aunque sigue habiendo muchas provincias en España con pocas empresas para esto.
Dicho esto, el amianto es un mineral que fue prohibido de forma definitiva en el año 2002, con la Orden Ministerial del 7 de Diciembre de 2001. Lo irónico, es que no fue hasta 2006, con el establecimiento del Real Decreto 396/2006, en donde se comenzaron a aplicar los protocolos y medidas de seguridad para los profesionales que se dediquen a la manipulación y retirada de este tipo de residuos.
Debido a que actualmente están creciendo los profesionales y operarios que se dedican a quitar el amianto, las empresas de prevención de riesgos laborales no suelen asesorar correctamente a sus propios clientes, debido al desconocimiento y los requisitos tan específicos que tiene este sector, abarcando legislación de residuos peligrosos, mencionando normas de prevención, el propio ADR e incluso su reglamento específico.
Esto hace, que desgraciadamente las empresas inscritas en el RERA, Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, estén mal asesoradas, sin saber incluso que requieren de un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral de su Comunidad Autónoma para poder ejercer, o que para acopiar el material en su nave requiere la apertura de un punto de acopio.
Así que al final, los operarios se limitan a realizar una formación de amianto, sin tener en cuenta todos los requisitos legales que están obligados a hacer como agentes de residuos peligrosos.
Esto, no solo hace vulnerables a las sociedades mercantiles frente a las inspecciones de trabajo o a las denuncias de los vecinos, sino que además, pueden recibir multas cuantiosas por no estar retirando el amianto de forma correcta, sin contar, que pone en peligros a terceros, principalmente porque no suelen realizar mediciones higiénicas que evalúen el ambiente al finalizar la obra, seguido, de esa necesidad de tener que aspirar las fibras de amianto con un aspirador de tipo HEPA.
¿Cuál es la solución a esta problemática? Que las empresas se asesoren de forma correcta, llamando a técnicos que estén especializados como gestoría en trámites de amianto, o que estén supervisados por profesionales especializados en el asbesto bajo el paraguas de su empresa de prevención.
Hay que destacar, que cumplir con las exigencias ya requeridas del plan de trabajo, y cumplir con la trazabilidad del residuo peligroso es una tarea ardua, y desgraciadamente encarece enormemente una operación, que a groso modo, puede parecer más económica de lo que es, lo que al final afecta a aquellos particulares que quieren quitar la uralita por su salud, y desgraciadamente pagan todo este asunto plagado de requisitos legales.
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